Médicos, clínicas y hospitales niegan que estén abusando de la objeción de conciencia.
Para la ONG Women's Links Worldwide, este es el obstáculo más frecuente que las mujeres encuentran para ejercer el derecho al aborto en las tres circunstancias especiales (violación, malformación del feto y riesgo de salud para la madre).
Es más, según la misma ONG, como la objeción de conciencia (rechazo de una persona a cumplir una norma porque va en contra de sus creencias) es individual y no institucional, "clínicas y hospitales obligan a sus médicos", mediante la firma de un formato, a que aleguen objeción de conciencia.
"Hemos denunciado esta irregularidad ante la Procuraduría y la Superintendencia Nacional de Salud, pero no se han impuesto sanciones", afirma Mónica Roa, directora de la ONG.
Una opinión similar tiene Acemi, organización que agremia a las EPS del país y que reconoce que el problema puede estar más en algunas instituciones que en los galenos.
"Creo que los médicos que se oponen a esta práctica son la minoría. El problema puede estar en la decisión en contrario de algunas instituciones", dice el presidente de Acemi, Juan Manuel Díazgranados, quien recuerda el caso de una mujer en Bucaramanga a la que varias clínicas le negaron el servicio autorizado por la EPS.
Díazgranados agrega que las aseguradoras cumplen con la sentencia y expiden las autorizaciones para que las mujeres puedan, en los casos señalados por la Corte, interrumpir un embarazo.
A esta posición se suma Javier Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (que agremia a los médicos especialistas). Pérez señala que entre los médicos hay voces a favor y en contra y que "hay instituciones que constriñen, bajo amenaza, el acto médico. Si hay denuncias en ese sentido, lo lógico es que se produzcan las sanciones del caso".
Rodrigo Córdoba, presidente electo de este gremio, afirma que los médicos y los especialistas están en mora de hacer una discusión amplia en torno a este polémico tema. "Lo más importante es que se preste el servicio a las mujeres que lo requieran".
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas considera que los casos de negación del servicio son la excepción.
Juan Carlos Giraldo, director de la asociación, opina que las EPS y los entes territoriales deben hacer un mejor diseño de sus redes de prestadores de servicios, para que las pacientes sean remitidas directamente a hospitales en los que les van a prestar el servicio sin problemas.
Por otro parte, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, señaló ayer que impartió "precisas instrucciones a los equipos de las dependencias y oficinas regionales, con el fin de darle cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional de diseñar y poner en marcha un plan nacional de divulgación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la despenalización parcial del aborto.
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